El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia y posteriormente fue destituido por el Senado mediante un juicio político, en medio de una profunda crisis política, económica y social desatada por el colapso y la disolución de Ueno Bank. El Congreso aprobó la condena con 44 votos, tras lo cual asumió en su reemplazo el vicepresidente Pedro Alliana para completar el mandato hasta 2028.
La caída de la entidad financiera dejó a millones de ahorristas afectados y sin acceso a sus fondos, lo que generó masivas movilizaciones de protesta en Asunción. Diputados que actuaron como acusadores en el juicio político estimaron que el cierre del banco provocó pérdidas por 1.200 millones de dólares para el país. En tanto, el Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó a implementar pagos con recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para un sector de los depositantes.
Paralelamente al proceso legislativo, la Fiscalía de Paraguay avanzó con causas penales y ejecutó una orden de detención contra el exmandatario. Poco después de la asunción de Alliana, policías y fiscales ingresaron al domicilio de Peña en Asunción para notificarle la medida judicial, tras lo cual fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial por motivos de seguridad.
La investigación judicial incluye a Peña y a otros exfuncionarios por presuntos vínculos con los accionistas de la entidad, cuestionamientos en la supervisión estatal y la colocación de fondos públicos en el banco. La acusación formal también abarcó al actual mandatario, Pedro Alliana, debido a sospechas sobre la aprobación de procesos de salvataje cuando el índice de solvencia de la institución se encontraba por debajo de los mínimos requeridos.
La crisis institucional en el país vecino repercutió en el plano internacional y dejó expuesto el impacto político en la región, marcando un abrupto final para una de las administraciones que el gobierno argentino había señalado en reiteradas oportunidades como un modelo económico a seguir.
