La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni dio un giro este jueves luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita considerara que no existen elementos suficientes para mantener la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. El representante del Ministerio Público solicitó que el expediente deje de tramitar en los tribunales de Comodoro Py y sea remitido a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para investigar una posible evasión tributaria.
El planteo no significa el sobreseimiento del exfuncionario. La decisión final sobre el cambio de fuero quedó ahora en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver si hace lugar al dictamen fiscal. La causa se había iniciado a partir de una denuncia y analizó la evolución patrimonial y el tren de vida de Adorni junto a su entorno.
Durante el período bajo análisis, la pesquisa detectó erogaciones por 402.578,12 dólares, de los cuales una gran parte se habría abonado en efectivo, además de una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos comprobados y los gastos, compras de inmuebles y cancelación de deudas. Entre las operaciones examinadas figuraban la adquisición de una propiedad en un country, un departamento, reformas, viajes y otros gastos cotidianos.
Ante los requerimientos de la Justicia, la defensa del exfuncionario argumentó que una parte importante de los fondos procedía de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada a la función pública. Según su versión, invirtió cerca de 200.000 dólares en ocho direcciones de autocustodia y, tras liquidar esos activos digitalizados, obtuvo más de 591.000 dólares que conservó en efectivo.
La Fiscalía ordenó pericias y una verificación criptográfica sobre las direcciones aportadas, las cuales confirmaron que las claves estaban bajo su control. Aunque los peritos aclararon que la tecnología blockchain no permite reconstruir la totalidad del historial pasado de esas cuentas, Pollicita concluyó que las pruebas reunidas no alcanzaron para refutar el descargo de la defensa ni para vincular el dinero con un enriquecimiento originado estrictamente en el ejercicio del cargo público.
A pesar de descartar por el momento la hipótesis de enriquecimiento ilegal, el dictamen advirtió que persisten indicios sobre ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales que habrían permanecido fuera de las declaraciones fiscales durante años. Por ese motivo, el expediente continuará su curso en el fuero penal económico para determinar si existieron irregularidades impositivas y una presunta evasión de impuestos.
