La causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo planteo entre la Justicia provincial y el fuero federal, a pocos días de la audiencia prevista para exponer los cargos contra los investigados.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 1, subrogado por el juez Daniel Rafecas, realizó un pedido de pronto despacho dirigido a la jueza de Garantías de San Juan, Mónica Lucero. A través de esta solicitud, se busca que el fuero provincial certifique el estado, el objeto y el encuadre definitivo de la investigación para definir qué jurisdicción debe continuar con el trámite.
El planteo se produce en medio de los cuestionamientos de las defensas, que sostienen que el expediente debería tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py debido a que la obra se financió mayoritariamente con fondos del Estado nacional. Entre los primeros en impulsar esta objeción estuvo el equipo defensor del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz.
Esta insistencia del fuero federal se registra luego de que el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, rechazara inicialmente remitir documentación técnica por el secreto procesal y la falta de formalización en ese momento.
En paralelo a esta controversia por la competencia, la investigación provincial tiene fijada una audiencia para el martes 10 de noviembre en la Sala N.º 9 de Tribunales, luego de que un encuentro anterior debiera reprogramarse.
A dicha convocatoria fueron citadas once personas, entre las que se encuentran el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exdirectivos de la empresa estatal OSSE y ejecutivos de la firma Krah América Latina.
Durante un tramo previo del proceso, la jueza Mónica Lucero había rechazado que los legisladores participaran de manera remota mediante videollamada. De este modo, el caso arriba a una definición procesal relevante con la discusión sobre el fuero y la lectura formal de cargos.
