La Asociación de Personal de Trabajadores del INTA (APINTA) expresó su firme rechazo a la expulsión de la ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias, Virginia Aparicio. La investigadora, que se desempeñaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y en el CONICET, fue exonerada en el marco de un sumario impulsado por la actual gestión.
El conflicto institucional se profundizó luego de que la especialista presentara en Balcarce los resultados del proyecto SPRINT, un relevamiento financiado por la Unión Europea cuya difusión la dirección nacional del INTA le había vedado desde el año 2023. La investigación determinó la presencia de fertilizantes y plaguicidas en el 86% de las personas analizadas y en diversos elementos ambientales de la región pampeana.
El estudio abarcó diez partidos del sudeste bonaerense e incluyó el análisis de más de 200 plaguicidas en muestras biológicas, de suelo, sedimentos y agua. Entre los datos expuestos, se detectó la presencia recurrente de sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid en el agua destinada al consumo humano.
Asimismo, el relevamiento halló en el polvo de viviendas rurales una mediana de 75 sustancias diferentes por muestra, con registros de hasta 121 compuestos, mientras que la totalidad de las muestras de agua superficial en arroyos y lagunas contenían residuos químicos, incluidos elementos no autorizados.
Por su parte, el INTA emitió resoluciones para desvincular a la institución del estudio. El organismo cuestionó cuestiones formales al señalar que el análisis de muestras humanas excedía su competencia y requería expertos en toxicología, además de objetar el envío de muestras al exterior y los comités de ética, aunque admitió que los relevamientos en suelos, aguas y animales formaban parte de su órbita.
Pese a las observaciones institucionales y a los intentos por frenar la divulgación de los datos, el sector gremial y la comunidad científica salieron en defensa de la labor de la investigadora, reabriendo la discusión en torno a la libertad científica y el manejo de la información pública.
