El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia al cargo luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad someterlo a un juicio político por presuntos actos de corrupción y mal desempeño de sus funciones en relación con la crisis del Ueno Bank.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, anunció Peña a través de un mensaje grabado en sus redes sociales. En su discurso, pidió disculpas al pueblo paraguayo y afirmó que su prioridad es “la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en el sistema financiero”.
La dimisión aún debe ser analizada por el Congreso; mientras no sea aceptada o rechazada, Peña continúa formalmente al mando del Ejecutivo. De concretarse su salida definitiva o su destitución en el Senado, la Constitución establece que el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir la jefatura de Estado para completar el mandato hasta 2028.
Aislado políticamente y acorralado por la bancada oficialista
El enjuiciamiento impulsado por la oposición tomó fuerza decisiva cuando el propio Partido Colorado respaldó la acusación. Horacio Cartes, líder de la formación y mentor político de Peña, le retiró su apoyo públicamente, dejándolo sin margen de maniobra. Tras la votación en la Cámara Baja, seis diputados fueron designados para sostener los cinco ejes de la acusación ante el Senado, órgano encargado de juzgar al mandatario.
La crisis del Ueno Bank: conflicto de intereses y fondos públicos en riesgo
El detonante de la crisis fue la reciente intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank tras detectar que su capital había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La medida congeló transacciones, tarjetas y aplicaciones, afectando a cerca de tres millones de clientes —en un país de 6,5 millones de habitantes—, incluidos 32.000 jubilados cuyo pago debió ser transferido de emergencia a otra entidad por el Instituto de Previsión Social (IPS).
La Cámara de Diputados acusa a Peña de utilizar su cargo para favorecer a la entidad, donde fue accionista hasta el año pasado. Además de captar depósitos particulares, Ueno Bank administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos, entre los que destacan US$355 millones del IPS, así como recursos de la empresa estatal de electricidad y de la represa Itaipú.
Los acusadores señalan un evidente conflicto de intereses y cuestionan también la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, dado que provenía directamente de presidir Financiera Ueno (antecesora de Ueno Bank).
Pese a que Peña rechazó las acusaciones e insistió en que las supuestas irregularidades debían resolverse en el ámbito judicial, la presión política y social precipitó su anuncio de renuncia a poco más de un año y medio de haber asumido el cargo.
