El Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución e intervino Ueno Bank, un banco digital que experimentó un rápido crecimiento en el país vecino y que cuenta con cerca de tres millones de clientes. La medida fue adoptada por unanimidad tras constatarse que el índice de solvencia de la entidad se ubicó por debajo del 50 por ciento del mínimo requerido.
La crisis generó un fuerte impacto político y social en Asunción, con ahorristas y jubilados concentrados frente a las sedes bancarias y las inmediaciones del Congreso para exigir la restitución de sus fondos. La entidad intervenida administra cuantiosos recursos públicos, incluyendo inversiones millonarias del estatal Instituto de Previsión Social (IPS).
El escándalo salpicó directamente al presidente Santiago Peña debido a sus antiguos nexos comerciales con el Grupo Vázquez, propietario del banco, y por haber designado al frente del BCP a Carlos Carvallo, quien previamente se había desempeñado como máxima autoridad de Ueno Bank. Ante la escalada del conflicto, Peña le pidió la renuncia a Carvallo y canceló un viaje previsto a España para participar en la Cumbre Iberoamericana.
Por su parte, el mandatario paraguayo anunció que acordó con los líderes de ambas cámaras del Congreso el tratamiento urgente de un proyecto de ley para autorizar el uso del Fondo de Garantía y permitir el pago inmediato a los ahorristas afectados, así como la devolución de los fondos públicos y de las cajas jubilatorias.
En el marco de la investigación judicial por irregularidades financieras, la Policía Nacional detuvo a varios directivos de la entidad, mientras que la Superintendencia de Bancos designó interventores para relevar la situación patrimonial, congelar las operaciones y asegurar un proceso ordenado para la protección de los depositantes.
