En medio de un nuevo giro en la arquitectura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el organismo implementó una convocatoria laboral abierta y pública a través de su web oficial. La iniciativa generó sorpresa en el ámbito político y, según comunicó la propia central en la red social X, cosechó más de 40.000 solicitudes de ciudadanos en sus primeras 24 horas de vigencia.
Desde el Gobierno defendieron la medida al señalar que forma parte de un proceso de transparencia y profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo abrió un frente de conflicto que ya comenzó a caldear el subsuelo del poder político.
Frente a este escenario, la oposición en el Congreso prepara una ofensiva legislativa y un requerimiento formal para cuestionar la legalidad y los criterios de seguridad del reclutamiento masivo. Fuentes legislativas con conocimiento en el área advirtieron sobre la paradoja de convocar a personal mediante un formulario web básico cuyo único requisito excluyente es contar con el secundario completo.
La crítica opositora también apunta a la contradicción que implica esta búsqueda tras el despido de 700 agentes que acumulaban entre 10 y 15 años de experiencia en la agencia. Desde este sector señalaron que, si el objetivo era lograr mayor capacitación, se le podría haber brindado a través de la Escuela Nacional de Inteligencia en lugar de prescindir de personal ya adiestrado.
Asimismo, la maniobra oficial encendió alarmas operativas debido al valor estratégico de la base de datos recopilada. La entrega voluntaria de documentos de identidad, CUIL, geolocalización residencial y correos electrónicos otorga a la SIDE un mapa inédito de decenas de miles de ciudadanos comunes.
De esta manera, los perfiles de quienes no resulten seleccionados tras el proceso selectivo pasarán a integrar un archivo bajo la custodia del secreto de Estado, sin que existan certezas públicas sobre su tratamiento legal posterior.
