Paraguay atraviesa una profunda crisis política e institucional tras la renuncia presentada por el presidente Santiago Peña, en el marco del escándalo financiero desatado por la intervención de Ueno Bank.
La sesión del Congreso que debía definir si aceptaba la dimisión del mandatario fue levantada por falta de quórum, luego de que los legisladores oficialistas abandonaran el recinto. La maniobra dejó en suspenso la salida del jefe de Estado y profundizó la incertidumbre sobre la sucesión presidencial.
La Cámara de Diputados no pudo completar la votación porque la salida de los parlamentarios oficialistas impidió reunir el número mínimo exigido por el reglamento. El episodio ocurrió después de que el Senado ya se hubiera pronunciado sobre la dimisión.
La decisión del oficialismo generó fuertes cuestionamientos de la oposición, que exige avanzar con el juicio político contra Peña. La Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad el inicio de ese procedimiento, cuya definición quedó ahora en manos del Senado.
El senador liberal Líder Amarilla cuestionó la posibilidad de que Peña abandone la Presidencia mediante una dimisión formal y advirtió que podría acceder a la condición de senador vitalicio. Desde la oposición sostienen que el juicio político debe continuar para determinar las responsabilidades institucionales.
En paralelo a la crisis política, la situación judicial de Santiago Peña sumó un nuevo frente. El Ministerio Público, a través del fiscal general del Estado Emiliano Rolón Fernández, puso en marcha una investigación penal sobre el mandatario saliente por posibles irregularidades económicas vinculadas al caso Ueno Bank, con un equipo de fiscales asignado para examinar las denuncias.
La crisis bancaria se desató tras la medida adoptada por el Banco Central del Paraguay sobre Ueno Bank, una entidad que experimentó un gran crecimiento y cuyos problemas dejaron a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos.
